Un panel de 40 destacados economistas de centro izquierda emitió su veredicto sobre la nueva constitución propuesta por Chile, que se votará el 17 de diciembre. Su decisión fue votar en contra del nuevo texto, que propusieron «nos impide realizar una interpretación». Afirman que los acuerdos del grupo de expertos que elaboró el anteproyecto de Carta Fundamental produjeron «un texto que, con algunas modificaciones, podría atraer a la mayoría de la población del país». Pero «después de los cambios en el Consejo Constitucional liderados por una abrumadora mayoría de derecha», ya no se sienten representados.
Presentan como uno de sus argumentos “el posible reconocimiento de riesgos textuales que afectan a la economía a través de una alta incertidumbre y problemas de funcionamiento institucional”.
Entre los firmantes se encuentran varias figuras reconocidas de la normativa, entre ellos tres exministros, Carlos Ominami, Nicolás Isaguier y Eduardo Pitron; el ex presidente de la Reserva Federal, Roberto Zahler; y otros importantes representantes de la Academia, como Andrea Repetto, Directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, académicos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Eduardo Engel y Dante Contrez, Valentina Paredes, Patricio Mellor, entre otros. . Pero la carta también lleva las firmas de muchos economistas que representan a la nueva generación. Entre ellos, por ejemplo, la académica Paola Borden de la Universidad de Chile y el profesor Bernardo Lara de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). En 2022, ambos hicieron pública su intención de rechazar la anterior propuesta constitucional, que fue rechazada luego de que el 62% de Chile votara en contra en un referéndum celebrado el 4 de septiembre de ese año.
Cristóbal Otero, académico de la Universidad de Columbia, es coautor del libro. Impuestos razonables para el ingreso a Chile y Damián Vergara. Ambos cooperaron activamente en el comité económico del gobierno de izquierda de Gabriel Boric, especialmente en el diseño de la reforma fiscal, que sufrió su primer revés cuando la Cámara de Representantes votó en contra de la idea legislativa en marzo de este año. Factura.
Una de las observaciones centrales de los economistas sobre el nuevo texto fue que «la constitución no debería decidir cuestiones de política pública». «Hay patrones y preferencias que pueden evolucionar con el tiempo y, por lo tanto, son una cuestión de derecho. Una cosa es definir instituciones económicas, como la independencia del banco central o la protección de activos, sobre las cuales existe un amplio acuerdo. Otra es prohibir variaciones de política pública común en los países desarrollados», proponen.
En ese sentido, “un caso claro de política pública es financiar derechos sociales si la propuesta se aprueba a nivel constitucional. Esto se debe a que dificultaría la uniformidad en las contribuciones a la seguridad social, cerrando la puerta a una forma eficaz de financiar la salud y el bienestar utilizada en los países más desarrollados. Asimismo, «la obligación de incluir a las compañías de seguros públicas y privadas en la provisión de estos derechos sociales no es una cuestión constitucional en los países desarrollados. Sin una regulación adecuada, la elección individual en estas áreas corre el riesgo de dejar estos derechos a la discreción del mercado, con problemas que los ciudadanos conocen sobre la seguridad dependiente de los ingresos del hogar.»
Otro posible punto de discordia, señalan, es que la propuesta constitucional contiene artículos que dificultan «una política fiscal eficaz y moderna». Y ponen como ejemplo la eliminación de las aportaciones a la primera vivienda. «Esta regulación es regresiva y populista, e incluso si se considera un cambio, pone en peligro una fuente importante de recursos distribuidos desde las comunas más ricas del país a los municipios más pobres». Para ilustrar esta realidad, en Lota (una de las comunas más pobres de la región del Biobío) hoy prácticamente ninguna casa paga la donación, mientras que casi el 100% de las casas en Vitacura (considerada una de las comunas más ricas de Chile) están sujetas al impuesto. .
Así lo ejemplifica el artículo que establece como deducibles fiscalmente «los costos objetivamente necesarios para la vida, el cuidado o el desarrollo de la persona y su familia», sin especificar cuáles son. «Se trata de conceptos interpretativos y generarán incertidumbre e incertidumbre jurídica, y erosionarán significativamente la recaudación fiscal que financia los derechos sociales», advierten.
Los economistas también advierten que el nuevo texto establece límites a la capacidad del Estado para perseguir determinadas conductas delictivas. Esto es, “al cometer delitos inconstitucionales asignados a normas regulatorias, como los ocurridos en materias tales como delitos ambientales, aduaneros y de refuerzo penal de la regulación económica”. Una propuesta más radical –añaden– (artículo 16.9.b) somete las sanciones administrativas al estándar de resolución exigido hoy para las infracciones penales. «Esto dificulta la aplicación efectiva de las regulaciones en diversos sectores económicos como el mercado de valores, las prestaciones sanitarias, los asuntos fiscales y los servicios sanitarios», señalan.
La carta reconoce que «las consideraciones anteriores no son exhaustivas y no cubren otras áreas con aspectos más discutibles». Pero añade categóricamente: «Basta con votar en contra de un texto que restringe las políticas sociales efectivas de nuestro país, la estabilidad regulatoria y la posibilidad de crecimiento».
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