Luego de la reapertura de varias regiones del país para evitar la propagación del virus corona COVID-19, un obispo chileno está obligando a la no cooperación e imponiendo restricciones estrictas a la celebración de ceremonias religiosas.
“Es cierto que la ley prohíbe la celebración de nuestra gracia en paz, pero cuando una ley es injusta y va en contra de la conciencia, creemos que se puede obedecer, dijo el obispo Bernardo Bastres, quien dirigirá la región.
El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, respondió a la solicitud del obispo durante una conferencia de prensa el lunes. «
Chile ya ha vacunado a 4,7 millones de sus 19 millones de ciudadanos. Para el 30 de junio, se espera que se vacunen 15 millones de personas. Desde el inicio de la infección por el virus corona, ha habido casi 900.000 casos en el país, con más de 21.700 muertes.
La semana pasada, el gobierno decidió bloquear la capital del país, Santiago, y el área metropolitana circundante para tratar de reducir la curva epidémica. Pero luego el gobierno decidió agregar 20 ciudades más a la lista de esclusas forzadas.
Durante su tributo el domingo, el pastor criticó la medida e instó a los creyentes a violar la ley. Al día siguiente emitió un comunicado argumentando que sus palabras deben ubicarse en el contexto de la región de Magallanes, ubicada a 1.865 millas de Santiago.
«Tuvimos un año muy complicado, con bloqueos muy largos, y actualmente estamos en una mejor posición con respecto a la tasa de infección y la disponibilidad de camas de UCI», dijo en un comunicado difundido el lunes.
A lo largo de la epidemia, escribió que la Iglesia Católica respeta las órdenes y regulaciones de los funcionarios de salud y que debe asumir la responsabilidad de esta «nueva situación». Sin embargo, sostiene que los efectos del “centralismo” en su región son bien conocidos, ya que la situación de salud local es diferente a la capital, pero los resultados provienen de Santiago, no del gobierno regional.
“Lo que sienten muchos católicos de Magallanes es que el precio de las medidas restrictivas recae solo en algunas acciones, no en otras”, escribió. «Al mismo tiempo, estas medidas no respetan el camino de cada región, lo que le da una especie de discriminación arbitraria, que es una expresión del centralismo que vive nuestro país».
Además de la situación vivida en la región de Magallanes, escribe Bastres, «este es el contexto de mis palabras, lo que he señalado es que no seguiremos una regla que consideramos irrazonable».
Añadió: «Creemos que este es un ataque a la libertad religiosa consagrada en nuestra constitución política».
Posteriormente, el gobierno revocó su decisión de prohibir el culto público, declarando que se permitiría la entrada a cierto número de fieles durante el período restringido.
El obispo de Magallanes, el único obispo chileno que vio la decisión original del gobierno de suspender los servicios religiosos como un ataque a la libertad religiosa, está lejos de terminar.
La conferencia de obispos del domingo pidió a las autoridades civiles que entablen un diálogo sobre el tema, con un comunicado titulado «Frente a una medida discriminatoria que viola la libertad religiosa».
«La libertad de culto y la observancia de las creencias religiosas son un factor social esencial de una democracia moderna y deben lograr el bien común», escribieron. «Para la gran mayoría de las personas, según toda creencia religiosa o forma de confesión, la ayuda espiritual es un lugar que contribuye principalmente a superar las dificultades y los grandes momentos que vivimos».
Dada la importancia de asistir a misa en beneficio de los creyentes, argumentaron que la decisión de suspender el culto público anunciada por el gobierno el domingo era “incomprensible e irracional”.
Los obispos pidieron a los obispos que entablen un diálogo con representantes de diversas religiones, diciendo que «esto nos ayudará a lograr reglas y regulaciones contrarias a la libertad religiosa», especialmente en vista de la próxima Semana Santa.
Más tarde el domingo, el gobierno nacional decidió permitir que diez personas asistieran a servicios religiosos en espacios cerrados y 20 en servicios abiertos, una decisión adoptada por la Conferencia de Obispos, la única voz conocida solo por el pastor, que aún pide libertad.
El arzobispo Fernando Ramos, secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, emitió un comunicado tras el rostro del gobierno, diciendo que era «un paso en la dirección correcta» porque prohibir las actividades religiosas es un ataque a la libertad religiosa.
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