La ridiculez transformada en burla se está produciendo en los tribunales de garantía de nuestro país y especialmente lo que vemos en Constitución. Con una formalidad digna de mejor causa, se hacen discursos sobre las leyes y reglamentos, en largísimas audiencias donde se solazan hablando idioteces, para quedar peor que lo que estaban la cosas antes de entrar. Una audiencia que debía empezar a las 10.40 horas, empezó a las 13.00 horas, para terminar aceptando que el imputado Antonio Peredo Peredo, había cumplido los dos tercios de una de las medidas cautelares compensatoria del juicio suspendido, y el total de las otras medidas, entre ellas tres charlas a dirigentes deportivos. La medida que había sido pedida su anulación anteriormente, y rechazada por el tribunal, era el compromiso del acusado de no postular a ser candidato a alcalde de la Municipalidad de Constitución por el lapso de 18 meses que dura la suspensión de la causa, que posteriormente a esta suspensión es sobreseido definitivamente. Pero en la realidad nunca cumplió esta medida, dado que no ha habido oportunidad de postular a ese cargo durante ese tiempo, ya que no han habido elecciones de alcalde ni concejales en ese tiempo. En estricto rigor, por tanto, nunca pudo abstenerse de postular a dicho cargo y como consecuencia nunca pudo cumplir con la medida que se comprometió. Es mas, cuando justamente se acerca la oportunidad de comprobar su cumplimiento, pide y le es aceptado por la jueza Marcia Figueroa Astudillo, el cambio de la medida por otra aun mas favorable para el imputado, seis charlas a clubes deportivos, juntas vecinales y centros juveniles. Esto le perrmitirá poder lucirse ante grupos organizados, como un lider transparente y enseñarles a estos normas de probidad, como si estos grupos necesitaran charlas en vez de recursos para realizar sus objetivos.
Haciendo un resúmen de lo acontecido para que no se difundan versiones acomodadas a gusto del consumidor, podemos decir que Antonio Peredo fue formalizado por un delito de falsificación o uso malicioso de documentos públicos en la causa RIT 1508-2004, siendo la víctima del delito, Mario Andrades Rojas, en segundo término fue cerrada la investigación 21 de marzo de 2007, tercero, el 30 de marzo fue acusado y el 25 de junio de 2007 se realiza la audiencia de preparación de juicio oral, en que se produce la suspensión condicional que terminó en lo que comentamos el 21 de julio.
Como se dijo por ahí, ahora falta que se le cambie la condena a Urrutia, por la de ser profesor de administración de la municipalidad durante el lapso que le dure la condena. Hasta aquí el único que mantiene su posición frente al tema, es el abogado del Consejo de Defensa del Estado Roberto Rojas Valenzuela, quien se sorprendió de la argumentación del Fiscal (y de paso lo mismo por parte de la jueza) para finalmente dejar a la voluntad o criterio de la magistrado, la resolución que esta decidiera. Hasta este momento, analizando estrictamente lo que es justo o no, de acuerdo a la sana crítica, como se estila en los tribunales, no es una novedad que los delincuentes se salgan por la tangente merced a los procedimientos instalados y aceptados por los miembros del poder judicial, que mira con complacencia como autoridades en uso de su cargo, burlan la confianza de los ciudadanos y defraudan el patrimonio a su resguardo, falsificando documentación pública para avalar sus manejos, como es el caso de Peredo, paralizado en los tribunales. Ahora, que mas encima estos dudosos personajes, reciban los beneficios de suspensión condicional del procedimiento y como compensación para la comunidad, los faculten para que vayan a difundir sus procedimientos, se les ponga como maestros para que ejerzan pedagogía de sus malas costumbres, ya es el colmo de la imbecilidad.
Algo deben tener los gases de la Celco que produce estos desajustes mentales, en personas que debieran representar y defender los valores positivos de la sociedad, especialmente el espíritu de a justicia. En todo caso, actuan con una solvencia y propiedad que convence a la mayoría, incluyendo a los medios de comunicación, que acostumbran a difundir estos artilugios sin manifestar sorpresa alguna. De paso mientras nos sorprendíamos de la medida adoptada por la jueza, un acólito del ex alcalde, hacía gestos como rechazando que desaprobáramos lo que pasaba, seguro pensando que lo que manifestamos tenía alguna razón de índole política, que es lo unico que ven estos sujetos.
Esperamos que al menos el abogado del CDE, apele de la medida interpuesta y sugiera alguna medida que compense realmente a la comunidad y no la perjudique aun mas, haciendo tan fácil defraudar la fe pública y salir beneficiado.
Otra curiosidad
De acuerdo a la instrucción dada a los fiscales por el fiscal nacional en ese tiempo Guillermo Piedrabuena, el año 2005, todos los acusados que de acuerdo a la C.P. del Estado, art. 16 Nº2, " Por hallarse la persona procesada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y...", debían ser remitidos sus antecedentes al Servel para su registro e inhabilitación del derecho a sufragio.
Queda claro que el fiscal de esta causa era y es Juan Pablo Kinast, quien no ha remitido dichos antecedentes al organismo electoral correspondiente, siendo hoy el Fiscal Regionaly suponemos que tendrá una buena explicación para estar trasgrediendo la instrucción expresa ya mencionada.
