Informe de Amnistía Internacional revela las carencias de Chile sobre derechos humanos

Amnistía Internacional (AI) publicó su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, documento que incorpora el análisis de 159 países y territorios. De acuerdo a la organización, el 2016 «fue un año en el que la idea de dignidad e igualdad humanas, el concepto mismo de familia humana, fue objeto de un ataque intenso e implacable en forma de discursos acusatorios, basados en el miedo y la búsqueda de chivos expiatorios, propagados por quienes querían tomar el poder o aferrarse a él casi a cualquier precio».

En alusión a la emergencia de líderes como Donald Trump en Estados Unidos y Marine Le Pen en Francia, en conjunto con la oleada nacionalista de Europa, AI destaca que «la retórica del odio, la división y la deshumanización desató los instintos más sombríos de la naturaleza humana. Al atribuir la responsabilidad colectiva de los males sociales y económicos a grupos concretos —con frecuencia minorías étnicas o religiosas—, quienes estaban en el poder dieron rienda suelta a la discriminación y a los crímenes de odio, sobre todo en Europa y Estados Unidos».

Criminalización de la protesta y del pueblo mapuche

En su informe, AI releva el clima de represión que enfrenta la movilización social en el país. En este sentido, el documento expone que en Chile se dan constantemente casos de uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía y destaca que entre las víctimas figuran menores de edad, mujeres, periodistas y trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que actuaban como observadores.

«En noviembre, Chile terminó con el absurdo de exponer injustamente a civiles a la competencia de la justicia militar. Eso también es algo que veníamos reclamando hace mucho tiempo, en que las denuncias de violencia policial, que son constantes en Chile, eran en su mayoría enviadas a la justicia militar, que no da garantías de independencia e imparcialidad», sostuvo Amnistía Internacional, directora ejecutiva de Amnistía Chile.

Una de las tantas deudas pendientes del Estado chileno con los Derechos Humanos concierne a la desaparición forzada del adolescente José Huenante (16 años), quien fue visto por última vez en septiembre de 2005, mientras era detenido por Carabineros. Si bien el INDH interpuso una querella para que los tribunales continuaran investigando el caso, aun no se aclara el destino del joven de Puerto Montt.

En relación a los pueblos indígenas, AI reporta el antecedente referido a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de indagar los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía. Sin embrago, ante las denuncias por uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias realizadas por policías, la instancia alegó que dichos casos no estaban dentro de su competencia.

Las arbitrariedades del Estado también se manifestaron en el proceso judicial al que fueron sometidos el fotógrafo Felipe Durán y el miembro de la comunidad mapuche Cristián Levinao, acusados de tenencia ilícita de armas, imputación que les valió más de 300 días en prisión preventiva, aunque finalmente fueron absueltos de todos los cargos.

Otro atentado a la dignidad de las personas, ejercido por el Estado de Chile, ocurrió con el caso de la machi Francisca Linconao. En marzo fue detenida por su presunta participación en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, episodio inicial de una serie de decisiones contrapuestas de la justicia, que significaron cuatro autorizaciones de arresto domiciliario por su estado de salud, todas anuladas en apelación.

A esto se suma la indolencia del Gobierno, cuando en noviembre la machi fue trasladada al hospital intercultural de Nueva Imperial, lugar donde inició una huelga de hambre por 14 días, con el fin de que se admitiera su permanencia en reclusión dentro de su casa a la espera del juicio.

Rodolfo Suárez

Rodolfo Suárez

Mi nombre es Rodolfo, soy chileno y me gusta estar al día de todo lo que sucede en mi entorno.

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